La reforma de la ley de Montero ya no evitará las excarcelaciones aunque agrave las penas

El daño está hecho y es irreversible. La Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, más conocida como ley del sólo sí es sí que impulsó la ministra de Igualdad, Irene Montero, y aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez, seguirá permitiendo salir de prisión anticipadamente a abusadores sexuales y violadores. Lo harán gracias a la reducción de penas que contempla la nueva norma, tal y como se lo advirtieron los jueces. Continuará ocurriendo incluso aunque se modifique la ley. La Constitución reconoce el derecho del reo a que no se le aplique una nueva ley siempre que le perjudique en el cálculo de su condena. Es el concepto que el Derecho denomina irretroactividad. Aunque se reforme, como ha insinuado ya el Gobierno, o se derogue y sustituya por una completamente nueva, los violadores podrán seguir acogiéndose a los beneficios que les otorga esta Ley Montero.

Todo preso tiene derecho a beneficiarse de la norma más beneficiosa para el cálculo de su condena. Esa es la retroactividad de las penas que recoge el artículo 2.2 del Código Penal. La base legal que hay tras la eliminación del delito de sedición o a la reformulación del de malversación, decisiones del Ejecutivo especialmente útiles para despejar la vuelta a la política de los golpistas del 1-O o del condenado por malversación José Antonio Griñán, ex presidente de la Junta de Andalucía. Y también a los violadores, cinco de momento, que han salido de prisión tras pedir una reducción de penas acogiéndose a la Ley Montero. Otra docena casi han conseguido una reducción. Los que han solicitado la revisión de sus condenas se cuentan por decenas.

El Gobierno, en vista de la alarma social que ha provocado esta revisión de condenas -en algunos casos por abusos a menores-, ya ha insinuado que está abierto a revisar la norma y corregir sus errores. La ley lleva poco más de un mes en vigor. Sin embargo, como apuntan los juristas, en este punto ya no hay nada que hacer: aunque se cambie o derogue, muchos penados por delitos sexuales podrán salir a la calle anticipadamente.

Esa retroactividad de las penas que contempla el Código Penal se complementa también con el artículo 9.3 de la Constitución Española. En esencia, resume lo contrario: si un condenado se ve perjudicado por la entrada en vigor de una ley que endurece su delito, esta es «irretroactiva». No se le puede aplicar y su horizonte penal debe someterse a la norma más suave para sus intereses. «La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos», señala textualmente este artículo.

Si el Gobierno de Pedro Sánchez decidiese parchear la ley del sólo sí es sí reformulándola para aumentar las penas o cerrar la vía de escape para los condenados por violación, las garantías constitucionales les permitirían seguir acogiéndose al texto de Montero y salir de prisión anticipadamente.

Ese hipotético cambio legislativo tan sólo tendría efectos sobre aquellos que sean condenados justo tras la entrada en vigor de la ley modificada. Una circunstancia que suma urgencia a la decisión que tome el Gobierno, pues todas las condenas que se produzcan desde ahora hasta la llegada de una hipotética ley sin esos fallos se beneficiarán de la aplicación de la norma actual. El tiempo corre en contra de Moncloa.

Irretroactividad

En el caso de la ley del sólo sí es sí, la norma fue diseñada por Montero y llevada adelante por el Ejecutivo de Pedro Sánchez incluso a sabiendas de que contenía graves errores técnicos. Era vox populi en el Congreso de Ministros que los violadores condenados verían en la nueva norma una oportunidad para reducir las condenas.

Ni Gobierno ni Igualdad pueden decir que no se les avisó: el Consejo General del Poder Judicial, tras revisar el texto, emitió un duro informe en el que advertía que la norma, «al absorber el delito de abuso sexual dentro del de agresión sexual» y establecer un nuevo baremo de penas, dejaba «un amplísimo margen interpretativo» que podría llevar a este tipo de situaciones.

Los juristas, alertados por las consecuencias previsibles de la ley que ahora se materializan en excarcelaciones prematuras, recordaron que se podría evitar incluyendo en la norma una disposición transitoria que limitara la posibilidad de revisar condenas a la baja. Pero tanto Igualdad como el Gobierno lo ignoraron.

«Machismo»

Los jueces, a los que ahora Igualdad tacha de guiarse por el «machismo», incluso propusieron a Igualdad varias soluciones para adaptar el texto y evitar estas situaciones. Ninguna de sus proposiciones fue escuchada y ninguna adenda fue incluida en la norma. Ahora, desde Igualdad se acusa a los jueces de estar «incumpliendo la ley por machismo».

«Naciones Unidas nos alerta de que el machismo pueda hacer que haya jueces que apliquen de forma defectuosa una ley, que la interpreten erróneamente y que además ese machismo compromete la imparcialidad y la integridad de los sistemas de justicia, y eso se trabaja con formación obligatoria, que es lo que prevé esta ley», ha afirmado Montero este miércoles en declaraciones a los medios, insistiendo en la necesidad de adoctrinar a los magistrados en los preceptos ideológicos de su Ministerio.